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  • La procuradora socialista Yolanda Sacristán expone la cantidad de errores y la nula colaboración del Gobierno autonómico, y explica que en áreas tan importantes como Sanidad o Educación no existe una identificación de las plazas del personal, lo que genera muchas dudas sobre las plazas que han salido a estabilización.

 

La procuradora socialista Yolanda Sacristán tacha de “chapuza” el proceso de estabilización que está llevando a cabo la Junta de Castilla y León, en aplicación de la ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Un año después de pedir la comparecencia del director general de Función Pública, Francisco Javier Raedo ha comparecido este lunes en las Cortes de Castilla y León, tras haber firmado el convenio del personal laboral la semana pasada.

“Ya es casualidad, que el jefe de campaña del consejero-candidato a la alcaldía de Valladolid haya convocado precisamente ahora la comparecencia después de esperar casi un año. Espero señor Raedo que no estemos hoy en un acto de campaña”, ha sentenciado la procuradora socialista Yolanda Sacristán.

Sacristán fue muy crítica con la negociación, que ha durado exactamente 11 días, lo cual explicaría la gran cantidad de errores que contienen los listados de puestos de trabajo, que fueron presentados por la Administración autonómica.

La política socialista ha explicado que en áreas tan importantes como Sanidad o Educación no existe una identificación de las plazas del personal, por tanto, al no tener plenamente identificados todos los puestos de trabajo, existen muchas dudas sobre las plazas que han salido a estabilización, cuestionando si son todas las que están o no.

Además, durante la negociación, el número de plazas que ofertó la Junta, aumentó gracias al trabajo de identificación que han realizado los propios sindicatos.

“Por parte de la Administración autonómica no se ha dado la información suficiente para llevar a cabo este proceso con un mínimo de rigor y, por si fuera poco, no se conoce la tasa de temporalidad resultante que debe ser como máximo del 8%”, ha declarado Sacristán.

Durante la comparecencia, la procuradora socialista destacó la nula colaboración de la Junta de Castilla y León, en las múltiples reuniones que se mantuvieron con todas las Comunidades Autónomas, para hacer las aportaciones pertinentes en todo el proceso de elaboración de la Ley. “Ese es el interés de este Gobierno autonómico, el Gobierno del señor Mañueco por sus empleados públicos”. Además, la parlamentaria recordó también el voto en contra del Partido Popular de la aprobación de la ley que estabiliza al personal interino y temporal de las Administraciones públicas.

Sacristán, ha criticado la pérdida de empleo público en Castilla y León, que se está produciendo a pasos agigantados sin que la Junta haga nada. “La oferta de empleo de 2023 ni está ni se la espera, además hay una gran falta de convocatorias de bolsas de empleo abiertas y permanentes. Muchas de las bolsas están agotadas por lo que la Junta está acudiendo al ECYL a contratar, algo que debería producirse solamente en casos puntuales”, ha subrayado.

En definitiva, este Gobierno autonómico sigue sacando pecho de su política en materia de función pública, que a todas luces ha sido un fracaso. “Una gestión basada en mentiras y en anuncios que nunca llegan a ejecutarse, como es el caso de la firma del Decreto para la implantación de la jornada laboral de 35 horas, que, tras 4 años de espera y promesas, vuelven a acordarlo a escasos dos meses de las elecciones municipales, al igual que ocurrió en mayo de 2019”.

“En vísperas de elecciones, prometen lo que haga falta, incluso aquello de lo que renegaban hace un mes”, ha finalizado Yolanda Sacristán.

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