- La procuradora Yolanda Sacristán recuerda que el Gobierno socialista refrenda los acuerdos de la mesa de negociación de la Función Pública, fundamentales para recuperar los servicios públicos, y que se encuentran en peligro por incumplimientos de la Junta como la jornada de 35 horas o el abono de los fondos adicionales.
La procuradora socialista Yolanda Sacristán ha celebrado durante la segunda sesión del pleno de las Cortes de Castilla y León que el Gobierno de España cumpla los acuerdos de la mesa de negociación de la Función Pública, al tiempo que se materializa el segundo acuerdo de la mejora del empleo y las condiciones de trabajo, firmado en el año 2018.
Sacristán ha declarado que el Decreto Ley sobre el incremento retributivo de los empleados públicos de Castilla y León, además, constituye una parte fundamental para continuar la senda de la recuperación de los servicios públicos en la Comunidad, ya que estos trabajadores han demostrado su compromiso con el conjunto de la sociedad. “Son las Administraciones Públicas quienes tienen la responsabilidad de asegurar la cohesión de nuestra sociedad y especialmente en momentos de dificultad”, ha sentenciado.
Durante la fijación de posición, Sacristán se ha dirigido al consejero de Economía y Hacienda, Fernández Carriedo, calificando el acuerdo alcanzado como un reconocimiento a los empleados públicos, además de una reparación, porque desde el estallido de la crisis empeoraron sus condiciones de trabajo con recortes de plantilla, sueldo y la ausencia de regulación de la Carrera Profesional, que sigue sin cumplirse. Sacristán ha recordado a la Junta más incumplimientos: la jornada laboral de las 35 horas y el abono de los fondos adicionales. “¿Dónde está el dinero de esos fondos adicionales fruto del acuerdo firmado con el ejecutivo anterior?”, ha demandado.
“Para colmo de los funcionarios públicos, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, anula el catálogo de puestos tipo del personal funcionario, condenando a esta Administración a la parálisis más absoluta, incidiendo directamente sobre el concurso abierto y permanente que la Junta había puesto en marcha, adjudicando los puestos propuestos por la comisión del concurso, pero posponiendo la eficacia de la adjudicación hasta que hubiese resolución judicial. Una puesta en marcha en diferido”, ha concluido la parlamentaria socialista.