- El PSOE del municipio valora positivamente la condena “porque usó su cargo para favorecer a su propia empresa y un alcalde está para servir a los vecinos, no para servirse del Ayuntamiento”.
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por el exalcalde de Cabañas Raras, Juan Marcos López Gutiérrez, y ha confirmado su condena por prevaricación administrativa y gestión interesada, contra la que ya no cabe recurso. Las penas dictadas son de seis meses de prisión, multa e inhabilitación de dos años para cargo público por el delito de gestión interesada, y nueve años de inhabilitación para cargo público por prevaricación, además de las costas.
El PSOE de Cabañas Raras valora positivamente la resolución final del proceso judicial, que se inició en 2023 cuando la Audiencia Provincial de León condenó al exalcalde; una sentencia que fue confirmada en 2024 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León “y que, por fin, se ha ratificado lo que llevamos diciendo años: que el exalcalde incumplió la ley y utilizó su cargo político en su propio beneficio a costa de los intereses de todos los vecinos”.
Además de aplaudir la decisión del Alto Tribunal, los socialistas emplazan al equipo de Gobierno del PP a revisar con lupa las adjudicaciones municipales. “La sentencia obliga al actual gobierno a extremar las precauciones en cualquier adjudicación, contrato o autorización que afecte a las empresas del exalcalde, porque los vecinos no pueden volver a ver cómo el patrimonio municipal se adjudica sin garantías suficientes”, han afirmado, advirtiendo que “seguiremos vigilantes y trabajando por un Ayuntamiento transparente, claro y al servicio de todos”.
La sentencia del Tribunal Supremo responde a los hechos ocurridos hace nueve años cuando, siendo alcalde de Cabañas Raras y administrador de la Clínica Veterinaria Bierzoo, Juan Marcos López Gutiérrez presidió la mesa que abrió las ofertas y votó en el pleno para adjudicar la parcela 97 del polígono industrial a su propia empresa. “Sabía que tenía que apartarse y no lo hizo, como sí hizo años antes, saliendo del pleno para no intervenir en el nombramiento de una familiar como Jueza de Paz sustituta, pero se quedó cuando se trató de su negocio”.
Además, la venta se hizo saltándose pasos obligatorios que se habían cumplido en otras parcelas, no incluyéndose en el orden del día del pleno y no publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia. En este sentido, el Supremo señala que todo ello iba dirigido a evitar la publicidad de la subasta y evitar así que otras personas pudieran presentar ofertas. “Mientras tanto, su empresa había conseguido una subvención de 53.819,92 euros para un proyecto en esa misma parcela, que era del Ayuntamiento”, detallan los socialistas, “y ya adjudicada la parcela, siguió interviniendo en la escritura como alcalde y como administrador de la empresa”. El Alto Tribunal también ha rechazado el argumento de que “todos votaron a favor”, explicando que “los fallos del expediente podían pasar desapercibidos para otros concejales, pero no para él, que era el más interesado”.
Por su parte, el denunciante del proceso, Antonio Puerto González, ha querido agradecer a los letrados ponferradinos, Montserrat Corral Cascallana y Julio Gutiérrez Yáñez su labor durante estos nueves años de procedimientos judiciales y ha tenido un recuerdo al letrado Carlos González Valdeón, que defendió a la acusación particular en el recurso de casación y falleció el pasado mes de marzo, sin llegar a conocer esta sentencia. “Aunque hemos tenido noticia de su fallecimiento recientemente, queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros, y reconocer públicamente su trabajo”, ha afirmado.