- Los socialistas recuerdan que la anulación de los acuerdos sobre retribuciones municipales de julio de 2023 y el archivo de tres expedientes de modificación de las ordenanzas fiscales del agua y el saneamiento avalan su labor de fiscalización y defensa del interés general
El Grupo Municipal Socialista de La Bañeza recurrirá la última sentencia judicial sobre el incremento de las retribuciones municipales, al considerar que existen motivos para continuar defendiendo su postura por la vía judicial. Los socialistas han analizado la resolución y los fundamentos jurídicos que permitirán plantear el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
La sentencia desestima la demanda presentada por el PSOE y otros grupos de la oposición contra la subida de las retribuciones aprobada por el Ayuntamiento. No obstante, los socialistas mantienen su rechazo político a un incremento que consideran “desproporcionado e irresponsable”, dadas las características y las necesidades del municipio.
El portavoz del PSOE de La Bañeza, Rodolfo Sánchez, ha destacado, además, los resultados favorables de otras actuaciones judiciales impulsadas para defender los intereses de la ciudadanía. Entre ellas, la anulación de los acuerdos plenarios de julio de 2023 relativos a las dedicaciones y retribuciones municipales, una decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León que posteriormente fue ratificada por el TSJCyL.
Asimismo, el Ayuntamiento archivó tres expedientes de modificación de ordenanzas fiscales relacionados con los servicios de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales y abastecimiento domiciliario de agua, después de las actuaciones del PSOE y de otros grupos de la oposición. Los socialistas habían advertido de que las modificaciones planteadas podían suponer un incremento cercano al 85 % en estos recibos. Como ejemplo, una factura anual de 100 euros podría haber pasado a costar 185 euros.
El Grupo Municipal Socialista de La Bañeza también ha reclamado explicaciones sobre la evolución de la deuda de Aqualia. Según los datos expuestos en el Ayuntamiento, la cantidad, que en julio de 2025 se situaba cerca de los dos millones de euros, se cifró posteriormente en 1,2 millones en un pleno municipal. El PSOE ha exigido conocer el origen de esa diferencia, su composición y el tratamiento contable aplicado.
Por todo esto, Rodolfo Sánchez ha subrayado que la labor de la oposición pasa por “fiscalizar la gestión municipal, exigir transparencia y utilizar los mecanismos legales disponibles para defender el interés general”. En este sentido, ha insistido en “la necesidad de que las decisiones que afectan a los servicios básicos y a las cuentas públicas estén debidamente justificadas y no repercutan de manera desproporcionada en la economía de las familias”.
Los socialistas han asegurado que respetan las resoluciones judiciales, también cuando no estiman sus pretensiones, pero han recalcado que “seguirán estudiando y ejerciendo las vías legales que consideren oportunas para defender a los vecinos y reclamar rigor y claridad en la gestión municipal”.