- La procuradora socialista Nuria Rubio pone en evidencia la pésima gestión de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, y le recuerda que permanecer en silencio ante las exigencias de la extrema derecha la convierte en cómplice.
La procuradora socialista Nuria Rubio ha recordado que “los servicios sociales son un pilar básico en nuestro Estado de bienestar, ya que son la única medida eficaz para proteger a las personas que más lo necesitan”. En este sentido, la socialista ha puesto en evidencia el trabajo de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, máxima responsable en velar por la buena calidad y alcance a toda la ciudadanía que lo necesite.
Durante el pleno de las Cortes de Castilla y León, Rubio ha acusado de “hacer caja” al equipo de Mañueco, en vez de aprovechar “el Gobierno central más social de la historia”, complementando sus aportaciones con fondos propios.
“Es bochornoso que haya permanecido impasible ante los ataques que han sufrido los más vulnerables por la extrema derecha. No la hemos oído alzar la voz cuando a las personas en situación de desempleo que tienen que percibir ayudas de estos servicios sociales, les han llamado vagas y les han acusado de cobrar ‘la paguita’. Ha estado callada cuando aquí se ha negado que exista la violencia machista, cuando se ha insultado gravemente a las víctimas desde su Gobierno y cuando se han cuestionado derechos de las mujeres como el del aborto con ese protocolo infame. Callada es lo mismo que cómplice”, ha sentenciado la política socialista.
La procuradora del PSOE ha exigido a la consejera explicaciones sobre la Ley de Violencia Intrafamiliar, “causante del tijeretazo en los presupuestos a las campañas de prevención de la violencia machista”, y sobre la ineficacia del bono nacimiento frente a la Ley de Familias a la que el PP se opone, “una ley que, sí trae avances y ayudas para todo tipo de familias, no solo para las que les gustan a la derecha”.
En este sentido, Rubio ha insistido en el maltrato perpetuado por parte de la Junta a las familias de acogida y la falta de protección hacia el colectivo LGTBI.
La política socialista también ha dejado en evidencia la Renta Garantizada de Ciudadanía frente al Ingreso Mínimo Vital, implementado por el Gobierno de España. “El IMV multiplica por diez el número de hogares que perciben la RGC, si comparamos los beneficiarios del IMV en este momento con los que tenía la RGC en 2019, estamos triplicando el alcance a los beneficiarios, lo que significa que se está llegando a personas que no estaban incluidas en la RGC”, ha explicado.
