- La procuradora leonesa del Grupo Parlamentario Socialista, Yolanda Sacristán, ha defendido una propuesta para instar a la Junta a adoptar las actuaciones necesarias para que la Administración gestione, de forma pública y directa, el transporte sanitario, reclamando además el apoyo hacia trabajadores y representantes sindicales del sector.
La procuradora del PSOE por León en las Cortes autonómicas, Yolanda Sacristán, ha intervenido esta mañana en el Pleno para defender una propuesta en la que se ha instado a la Junta de Castilla y León a adoptar las actuaciones necesarias para que la Administración gestione, de forma pública y directa, el transporte sanitario en la comunidad autónoma.
Sacristán ha iniciado su intervención apoyando al colectivo de trabajadores de este sector, casi 2.000 personas en toda la Comunidad, y ha recalcado la inquietante situación en la que se encuentra la adjudicación de la gestión del transporte sanitario, “una adjudicación que, en estos momentos, está en tela de juicio entre los trabajadores y sus representantes sindicales, puesto que el nuevo contrato, que está en proceso de licitación, no se ajusta a las necesidades reales del servicio, con una plantilla insuficiente para atender de manera eficaz y eficiente este servicio”.
La procuradora ha recordado cómo la concesionaria de la gestión, Ambuibérica, “ha estado en el punto de mira desde que empezó a operar en Castilla y León en el 2014”, por resultar un grupo empresarial con “incontables conflictos laborales” mientras que, desde el Partido Popular, se niegan los “sistemáticos incumplimientos de la empresa” y el “deficiente servicio que reciben los usuarios”, además de negar las “deficientes condiciones que sufren sus empleados”.
Yolanda Sacristán también ha recordado cómo, en la pasada legislatura, “se aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios la realización de una auditoría a la empresa Ambuibérica”, pero la realidad es que a día de hoy “no se tiene conocimiento de que se haya hecho, salvo pequeñas revisiones superficiales preavisadas”. Todo ello a pesar, incluso, de la intervención por parte del Procurador del Común, que ha tenido que “obligar a la Consejería de Sanidad a garantizar el cumplimiento de las condiciones en las que deben estar los vehículos”.
En su intervención, la procuradora socialista ha acusado al PP de “recortar en servicios públicos” mientras el nuevo consejero de Sanidad anuncia un nuevo contrato “a bombo y platillo” de 809 millones de euros, que finalmente se vio reducido en 72 millones y 59 ambulancias menos para prestar servicio. La renovación del contrato del transporte sanitario en Castilla y León, que vencía el pasado 30 de junio, se ha hecho “a prisas” y sin tener en cuenta las reclamaciones de “los sindicatos”, según palabras de Sacristán. La procuradora ha señalado al “amiguismo” que caracteriza al PP como responsable de los criterios de adjudicación que realmente han regido el nuevo contrato, ya que el consejero de Sanidad se reunió “a escondidas, poco antes de anunciarse el nuevo contrato de 809 millones de euros”, con Ambuibérica.
“Hoy, los grupos parlamentarios tenemos la oportunidad de decidir con quién queremos estar: si junto a los castellanos y leoneses, con un servicio público de calidad y renunciar a la externalización o privatización, o en contra de ellos, gestionando un servicio caro, ineficaz e ineficiente”, ha concluido.