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  • La procuradora socialista Yolanda Sacristán evidencia los recortes del sistema y una gestión marcada por las privatizaciones, y exige el cumplimiento de los acuerdos firmados con los empleados públicos además de la necesidad de una nueva Ley de Función Pública justa.

 

El Grupo Parlamentario Socialista ha puesto en evidencia “el panorama desolador” y la pésima gestión de la Junta de Castilla y León en materia de función pública, “marcada por la falta de transparencia y por el cúmulo de incumplimientos”.

La procuradora Yolanda Sacristán ha realizado un resumen de la Administración autonómica, que ha sufrido durante los últimos años un profundo proceso de recortes del sistema público, reducción e insuficiencia de plantillas.

“A la pérdida de efectivos le sigue una gestión pública marcada por las privatizaciones, donde de los servicios públicos hacen ustedes una oportunidad de negocio”, ha declarado la política leonesa, recordando la adjudicación de la Relación de los Puestos de Trabajo de los empleados públicos a dos empresas con un mismo objetivo, lo que ha supuesto a las arcas públicas un coste de más de 200.000 euros.

Sacristán también ha enumerado la falta de cumplimiento de los acuerdos firmados, como por ejemplo el de mayo de 2019 con los representantes sindicales dónde el equipo de Mañueco se comprometió a devolver la jornada laboral de 35 horas, al desarrollo de la carrera profesional, y al reparto de los fondos adicionales de los años 2018, 2019 y 2020. “Ahora han vuelto a firmar un acuerdo para dar cumplimiento al desarrollo de la carrera profesional y al los fondos adicionales gracias a la llegada de los fondos europeos que ha conseguido el Gobierno de España, pero que no está exento de cuestionamientos ya que vuelven a indignar al colectivo del personal docente. Tampoco sabemos si con ese dinero les llegará para la aplicación de la jornada laboral de 35 horas o esperarán a una nueva remesa de dinero proveniente del Gobierno nacional”, ha denunciado, evidenciando también la lentitud en el acuerdo de regulación del Teletrabajo tras un año y medio de pandemia.

En definitiva, la parlamentaria socialista ha trasladado la realidad de una función pública con numerosas cuestiones sectoriales abiertas: “Sigue pendiente la reducción del horario lectivo y de los ratios profesorado/alumno y su equiparación salarial con otras comunidades; se mantienen los agravios comparativos en materia retributiva y de condiciones laborales entre el personal del Sacyl y el de la Gerencia de Servicios Sociales, el reconocimiento de personal sanitario a los celadores de instituciones y centros sanitarios; y el desarrollo pleno del Grupo B para dar salida a las nuevas titulaciones superiores no universitarias”, ha sentenciado.

Para finalizar, Sacristán ha exigido una nueva Ley de Función Pública que actualice los modelos de selección, que limite la incorporación del personal eventual, y que establezca restricciones en la provisión de puestos de trabajo mediante libre designación y un mayor control en la motivación de comisiones de servicio.

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