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Los socialistas continúan defendiendo un modelo público desarrollado por trabajadores públicos

El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, junto con el presidente de la Diputación leonesa, Eduardo Morán y el portavoz adjunto del PSOE en las Cortes de Castilla y León, José Luis Vázquez, han hablado esta mañana sobre el Servicio de Público de Protección, Extinción de Incendios y Salvamento que pondrá en marcha la institución provincial en el menor espacio de tiempo posible, después de llevar a cabo una reunión con los profesionales de la Plataforma de Bomberos y sus representantes sindicales 

Así, Javier Alfonso Cendón ha explicado que existen dos modelos en este sentido “por un lado, el modelo que ha defendido el PSOE de forma clara a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel provincial y, en contraposición, lo que han defendido otros partidos, como el partido popular. En este punto, Cendón ha explicado que en esta provincia, en la legislatura anterior se trabajó en un modelo de Parques de Bomberos privado, al que se opusieron desde el grupo socialista de la Diputación, “porque nosotros siempre hemos defendido un modelo público, con funcionarios, con profesionales, que permita crear empleo de calidad y asentar población, especialmente en nuestro medio rural. 

El secretario general de los socialistas leoneses ha afirmado que “ala llegada del partido socialista a la Diputación cumplimos con lo que defendimos siempre, y también con una sentencia judicial. De esta forma, cambiamos el modelo para un modelo público que va a permitir crear empleo estable y de calidad en nuestra provincia. 

Sobre el encuentro que han mantenido con los representantes de los bomberos profesionales, Cendón ha explicado que “lo que se está haciendo en la Diputación de León es una referencia, un modelo a  seguir, y con eso nos quedamos, con el trabajo bien hecho”. 

Para Javier Alfonso Cendón, el presidente de la Diputación y vicesecretario general del PSOE de León, Eduardo Morán es el responsable del cambio de 180 grados que ha dado la institución provincial, dando unos servicios de calidad al medio rural, creando empleo y creando oportunidades para que las personas que residen en los pueblos puedan contar con las mismas oportunidades con las que cuenta el resto de ciudadanos de la provincia. 

Además, Cendón ha querido recalcar el acuerdo al que se ha llegado desde la Diputación con los dos municipios más grandes de la provincia, como son Ponferrada y León “que repercutirá en un servicio de calidad para toda la provincia”. 

Por su parte, Eduardo Morán ha apuntado que “se trata de un servicio imprescindible para la provincia; lo entiende así hasta el Partido Popular, que ha gobernado la Diputación durante 24 Años y ahora ve que es un servicio que hay que poner en marcha lo antes posible. El presidente de la institución provincial ha explicado que “nosotros vamos a intentar que sea un modelo ejemplarporque entendemos que es nuestra responsabilidad como representantes políticos de la DiputaciónEn este sentido, Morán ha aclarado que las diferentes actuaciones se van a realizar de la mano de los profesionales de este colectivo, que son los que más saben de esto, para que el esfuerzo económico que se lleva a cabo se traduzca en el mejor servicio posible, cumpliendo además con las dos sentencias que se recibieron el pasado año, en las que se explica cómo debe ser el modelo, un modelo que ya defendíamos cuando estábamos en la oposición en la institución provincial pero que, además, “ha sido ratificado por dos jueces. 

El presidente de la Diputación de León ha afirmado que se está trabajando para poner en marcha el servicio de la forma más rápida posible. Espero, porque estamos trabajando de manera intensa, poder tener la autorización del Ministerio para poder contratar a esos 60 trabajadores en el menor tiempo posible, cumpliendo todos los plazos”. Además, se refirió a la adjudicación de los tres parques de nivel 2, Celada de la Vega, Valencia de Don Juan y Cistierna, que esperan que puedan estar finalizados en unos seis meses. Por otro lado, ha afirmado que ya se cuenta con un jefe de servicio, una persona con capacidad profesional que nos va a decir cómo debemos de poner en marcha ese servicio. No podemos ser los políticos los que decidamos en este sentido, no podemos equivocarnos en las ubicaciones, en la fórmula de gestión, o en la adquisición del material necesario. 

Sobre el importante coste económico que supone la puesta en marcha del servicio, reiteró su exigencia a la Junta de Castilla y León para que aporte el 50% , aunque el consejero de Fomento haya dicho que es una competencia de la Diputación, ya que la institución provincial realiza un gran esfuerzo para cubrir las necesidades de los leoneses que residen en el área rural de la provincia y, en este caso, para conseguir el mejor Servicio Autonómico de Extinción de Incendios”. 

Por su parte, José Luis Vázquez ha explicado que “la Junta de Castilla y León cuenta con un modelo basado en la privatización, aunque este modelo repercuta en la precarización del empleo y también en la seguridad de las personas, especialmente las que residen en el área rural”. La ley de protección ciudadana dice que debe ser prestado por funcionarios  públicos, y también las sentencias. Como en Salamanca, que se venían haciendo por empresas privadas relacionadas con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. 

Para primar la seguridad por encima de los intereses personales, el PSOE presentó una Proposición de Ley en las Cortes, que de la mano de todos los sectores implicados, incluyendo a los profesionales, un texto para regular sus demandas. “Es una ley de la seguridad de las personas que viven en el área rural, para que tengan las mismas posibilidades y servicios que las que residen en las ciudades”. Con ello, ha apuntado Vázquez, se pretende vertebrar también un territorio, “con lo que conseguiríamos que la gente decidiera quedarse a vivir en los pueblos”. Así, ha explicado que “desde el PSOE apoyamos a los sindicatos y profesionales que han recurrido el Plan Sectorial aprobado por la Junta de Castilla y León, que atenta contra la prestación de este servicio por parte de empleados públicos”.

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