- La procuradora María Rodríguez pide medidas correctoras por la gravedad de las consecuencias de no hacerlo y ante acusaciones muy graves de organizaciones proteccionistas que denuncian actuaciones intencionadas al servicio de empresas contaminantes.
La procuradora María Rodríguez ha recordado la petición de los 35 jefes y técnicos de Protección Ambiental de Castilla y León, que tras advertir a la Junta que no podían controlar a las industrias más contaminantes por falta de personal, solicitaban al menos 60 personas más para hacer frente a la carga real de trabajo.
Rodríguez ha insistido en que las modificaciones o elaboraciones fallidas de la RPT se han venido realizando sin tener en cuenta las competencias de esta sección. “La estructura lleva siendo la misma desde hace 30 años, lo que es absolutamente incomprensible si tenemos en cuenta el enorme incremento en este tiempo de legislación medioambiental con los nuevos sistemas de gestión administrativa e inspección que ello conlleva”, ha declarado.
Un hecho del que ha solicitado responsabilidades al consejero de Fomento Suárez-Quiñones, por su “extrema gravedad”, ya que “era de sobra conocido por los responsables de estas áreas y ha sido expuesto de forma reiterada en escritos y reuniones por parte del equipo de Protección Ambiental sin que se hayan visto resultados”.
La procuradora socialista también ha solicitado explicaciones sobre cómo siendo conocida esta situación, y aprovechando la covid-19, el Gobierno autonómico recuperó la iniciativa tumbada dos veces por los tribunales de desregular las actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, suprimiendo de facto y por Decreto-Ley, el régimen de la licencia ambiental en vigor desde 1961.
“Ahora es suficiente con una comunicación ambiental para explotaciones ganaderas de hasta 40.000 aves de corral y 2.000 cerdos y las instalaciones que lleven funcionando al menos 10 años dispongan automáticamente de una licencia ambiental, aunque actualmente no cuenten con ella, dejando su control a una inspección que conocía insuficiente y precaria”, ha sentenciado Rodríguez.
Por todo esto, la política leonesa ha exigido la inmediata recuperación de las licencias ambientales y la puesta en marcha de medidas correctoras por la gravedad de las consecuencias de no hacerlo y ante acusaciones tan graves de organizaciones proteccionistas de actuar de forma intencionada al servicio de las empresas contaminantes.
