- La procuradora Nuria Rubio lamenta la desprotección del Gobierno autonómico hacia los menores más vulnerables y en situación de desamparo.
- Pide explicaciones sobre los convenios de la Junta con los centros privados de la provincia de León y que aclare los despidos y reubicaciones de las trabajadoras del Alba y cómo va a gestionar la separación de los niños y niñas que viven allí.
Arropada por las trabajadoras y trabajadores del centro de menores El Alba, que se han manifestado a las puertas de las Cortes de Castilla y León, la procuradora Nuria Rubio ha exigido a la consejera Isabel Blanco que salga a dar la cara y explique el repentino cierre del Hogar Cuna de urgencias de 0-3 años y de una unidad con 10 menores en situación de desamparo de 4 a 18 años.
Un cierre que la Junta justifica por el estado de conservación del centro. “Es totalmente falso. Yo les conmino a que entreguen el informe técnico de expertos del estado del mismo”, ha sentenciado Rubio.
“¿Dónde se va a derivar a esos niños y niñas? ¿Cuáles son los convenios que tiene la Junta con los centros privados de nuestra provincia?”, ha preguntado la política socialista, destapando la privatización encubierta que el Gobierno autonómico tiene planeada para este servicio público esencial.
Rubio ha insistido en la incongruencia de que el centro tenga que rendir cuentas a una congregación religiosa, que decide sobre el futuro del centro a pesar de que el personal y las instalaciones son propios de la Junta, y ha pedido explicaciones sobre el fin de la subvención que recibe dicha entidad. 
La política lacianiega ha argumentado que el jefe de sección, Carlos Seco, reconoció al comité de empresa que desde hace un año no derivan menores al servicio Hogar Cuna “de forma deliberada”, y que “los fines de semana los propios niños y niñas deberán cocinar, ya que los han dejado sin personal, y así prepararse para la vida”.
Por otro lado, Rubio ha recordado que este cierre también implica la reubicación de 14 trabajadores que se ven obligados a aceptar su traslado empeorando sus condiciones laborales y 4 despidos “de trabajadoras que han dado lo mejor de sí mismas por los más vulnerables de nuestra provincia, durante los peores momentos, y el pago que reciben de la Junta de Castilla y León es echarles a la calle”.
Ante esta desagradable situación, que obligará a la separación incluso de dos hermanos que viven en el centro, la parlamentaria socialista ha exigido al Gobierno autonómico que reconozca su error. “Rectifiquen y no cierren el centro de menores el Alba por todos los menores más vulnerables y en situación de desamparo. Protejan y refuercen nuestro gran tesoro, los servicios sociales públicos”, ha finalizado.
Desde el comité de empresa también han exigido una explicación por parte de la consejera. “Buscamos una rectificación de la decisión tomada. Contamos con el apoyo de todos los procuradores de la provincia de León de las Cortes de Castilla y León, de todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, que es el único que no está de acuerdo con salvar este servicio esencial”, ha declarado el presidente del comité.
