- La procuradora Yolanda Sacristán también exige la publicación en el portal de trasparencia de las cantidades que percibe cada funcionario por el concepto de gratificaciones extraordinarias para garantizar un ejercicio y gestión de la Administración autonómica más justos.
El Grupo Parlamentario Socialista ha defendido dos PNL este viernes, en la comisión de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, destinadas a alcanzar un ejercicio y gestión por parte de la Administración autonómica más justos y ecuánimes, iniciativas que PP y Cs han votado en contra.
En primer lugar, la procuradora socialista Yolanda Sacristán ha argumentado el abuso de los puestos de libre designación como procedimiento para la provisión de empleo por parte de los funcionarios, una situación que, según ha explicado la parlamentaria, necesita hacerse pública en aras de la transparencia, especialmente en una Comunidad donde los límites se han sobrepasado con creces.
“El excesivo abuso por parte de la Junta de Castilla y León del sistema de provisión de libre designación, debería ser excepcional y residual”, ha declarado Sacristán, recordando que de los 86.300 empleados y empleadas públicas pertenecientes a la Administración autonómica, 1.225 son de libre designación, lo que contradictoriamente evidencia que a pesar de la ley en vigor, “no se tienen en cuenta la capacidad ni los méritos del elegido”.
Ante esta situación, la política leonesa ha insistido en que el Gobierno autonómico debe hacer público, a la mayor brevedad posible, la relación y número con listado desglosado de puestos de libre designación existentes actualmente en cada una de las Consejerías, así como en los distintos organismos autónomos, agencias o entes públicos de cualquier tipo, dependientes de los mismos, en el portal de transparencia, actualizándolo de manera trimestral.
Además, Yolanda Sacristán también ha defendido una iniciativa socialista que pedía poner en conocimiento público las cantidades que perciba cada funcionario por el concepto de gratificaciones extraordinarias, así como informar de la misma manera a la Junta de Personal y representantes sindicales, tal y como indica la ley.
“La transparencia en la gestión pública y el acceso a la información son condiciones necesarias para un gobierno abierto, y permiten a los ciudadanos y ciudadanas conocer los asuntos públicos y formarse una opinión informada sobre ello”, ha sentenciado Sacristán.