- La procuradora María Rodríguez insta al Gobierno autonómico a interceder en el problema de la gestión deportiva de la localidad si el consistorio no reconoce la asunción del servicio y de los trabajadores, a quienes se les deben varias nóminas y cuyos despidos han sido aplazados en vista del pleno extraordinario solicitado por el PSOE.
La procuradora María Rodríguez ha reconocido la buena labor del Consejo de Cuentas en la elaboración del Informe de Fiscalización de determinadas áreas de la Entidad Local Menor de Navatejera, un documento que a pesar de datar del año 2017 ya recoge la mala situación económica de la pedanía del municipio de Villaquilambre, que en la actualidad acumula una deuda heredada por la actual Junta Vecinal de cerca de 1,8 millones de euros sumados los intereses.
Rodríguez ha explicado que dicha Junta Vecinal es titular del polideportivo y piscinas cubiertas cuya gestión y explotación efectúa directamente desde 2003 y absorbe el 80% de los recursos, generando a mayores una deuda de 500.000 euros anuales.
“Los miembros de la entidad han propuesto en numerosas ocasiones a la corporación municipal que asuma la gestión del polideportivo de Navatejera y la subrogación de los 17 empleados por parte del consistorio para regularizar su situación. Una petición que de nuevo hoy han llevado a pleno extraordinario, además de solicitar a la Junta de Castilla y León el ejercicio de la tutela financiera”, ha declarado la política socialista evidenciando una situación crítica, con impagos de la luz del polideportivo y de nóminas de los trabajadores ante la impasividad del Ayuntamiento de Villaquilambre.
“Las dificultades a las que se enfrenta la Junta Vecinal de Navatejera para el mantenimiento de la instalación abocan a una situación que requiere colaboración entre las instituciones si lo que realmente se pretende es la viabilidad del Polideportivo y la salvaguarda de todos los puestos de trabajo. Por lo tanto, creemos que las recomendaciones del Consejo de Cuentas debieran instar a la Junta a asumir el control y el ejercicio de tutela financiera que ha solicitado la Junta Vecinal que, de adoptarse ese acuerdo, procederá a la suspensión del despido de los trabajadores afectados por el preaviso laboral legalmente estipulado”, ha explicado la parlamentaria que ha recordado el malestar de un contexto que ha provocado agresiones verbales y amenazas hacia los miembros de la Junta Vecinal.
En otro orden de cosas, María Rodríguez ha señalado irregularidades con relación a la enajenación de dos parcelas a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACYL) que trata el informe, donde no consta el destino concreto de los recursos obtenidos, por esos espacios que estaban destinados a la construcción de la polémica Central de Biomasa. Una reclamación que en su conjunto ronda el medio millón de euros pero que a fecha actual el Ayuntamiento de Villaquilambre no ha realizado ningún trámite para realizar el pago.