- El PP y Cs rechazan la propuesta socialista que exige cumplir los compromisos y derechos de las empleadas y los empleados públicos de la Junta de Castilla y León.
- Yolanda Sacristán acusa la inclinación que tiene la Junta de Castilla y León hacia la privatización de servicios, continuando con su política habitual de más de 32 años.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una moción para exigir a la Junta de Castilla y León la puesta en marcha de todas las promesas olvidadas en Función Pública, que dejan al descubierto una gestión nefasta por parte del Gobierno autonómico.
La procuradora Yolanda Sacristán ha recordado que, un año y medio después, la falta de transparencia y la opacidad de PP y Cs es alarmante, ya que siguen acumulando incumplimientos. En este sentido, Sacristán ha denunciado que la partida de los puestos de libre designación en el área de Presidencia ha aumentado en más de 800.000 euros en los presupuestos de 2021, es decir un 114% con respecto al presupuesto anterior. “¿Qué trabajo están realizando los nombramientos de personal eventual de José Manuel Fernández Santiago e Ignacio Cosidó, cuando nunca se les ve por la Consejería?”, ha preguntado.
En este sentido, el PSOE ha presentado una moción participativa, que planteaba la puesta en marcha con carácter inmediato de la jornada laboral de 35, la aprobación del desarrollo reglamentario de implantación y desarrollo de la carrera profesional, el abono de los fondos adicionales del 0,20% y 0,25% de la masa salarial de 2018 y 2019, y la elaboración de las nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo o la limitación de los puestos de libre designación exclusivamente a los puestos superiores a jefes de servicio y secretarías de altos cargos.
La política leonesa también ha evidenciado la inclinación que tiene la Junta de Castilla y León, hacia la privatización de servicios, continuando con su política habitual de más de 32 años. “Han privatizado las pruebas PCR, lo intentaron con la campaña de incendios y con los trabajos de ordenanza propios del personal laboral hasta que, por fin, privatizaron la Relación de Puestos de Trabajo”, ha sentenciado, acusando a la Junta de gastar dinero en asesores y no cumplir con las empleadas y empleados públicos.
Sacristán también ha solicitado la equiparación de salarios entre el personal sanitario de la Gerencia de Servicios Sociales y el personal del Sacyl, y el reconocimiento de la condición de personal sanitario a los celadores, denunciando la intención del Gobierno autonómico de seguir recortando derechos laborales del personal sanitario.
A pesar del espaldarazo por parte de PP y Cs, que han rechazado la moción del PSOE, la política socialista ha insistido en la retirada del decreto que regula las prestaciones personales obligatorias en el ámbito del sistema de salud y la convocatoria de las plazas de la oferta de empleo público pendientes de 2018 y 2019.
“No aprobar estos puntos, es decirles a nuestros empleados públicos, que sus promesas no sirven de nada, que no confíen en el Gobierno de la Junta de Castilla y León, que promete, pero que luego no cumple”, ha finalizado Sacristán.