- La procuradora María Rodríguez exige aclaraciones sobre las consecuencias y reacciones que está teniendo la desregulación de las licencias ambientales en Castilla y León, especialmente después de que el BOE de 5 de octubre publicase el Acuerdo de la Comisión de Cooperación entre la Comunidad y el Estado en relación con el decretazo ambiental.
El Grupo Parlamentario Socialista ha exigido al Gobierno autonómico que aclare las consecuencias y reacciones que está teniendo la desregulación de las licencias ambientales en Castilla y León, una actuación que desde el PSOE consideran insuficiente, y que desde el PP no se han molestado en contestar.
La procuradora María Rodríguez ha insistido en una respuesta firme en relación a la iniciativa autonómica, tumbada dos veces por los tribunales, relativa a desregular actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, después de que el BOE de 5 de octubre publicase el Acuerdo de la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado en relación con el decretazo ambiental.
“La Junta no ha estado a la altura en cuanto a protección ambiental y urbanística se refiere. Se acuerda iniciar las negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación a la desregulación de las explotaciones ganaderas intensivas y las industrias agroalimentarias en Castilla y León y que las instalaciones que lleven funcionando al menos 10 años dispongan automáticamente de una licencia ambiental, aunque actualmente no cuenten con ella. Esto supone también la ampliación de plazo para que el Estado pueda interponer recurso de Inconstitucionalidad a nueve meses. ¿Qué intenta salvaguardar la comisión bilateral CCAA-Estado?”, ha demandado Rodríguez, asegurando que se trata de una nueva intentona del Gobierno autonómico tras el rechazo judicial a la desregulación de dichas explotaciones e industrias. Pero, a pesar de los esfuerzos, de nuevo esta pregunta ha quedado sin repuesta en el parlamento autonómico.
La política leonesa también ha recordado las palabras de la ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera, que tachó de “chapuza” que se permitan macrogranjas sin control previo en la Comunidad y advirtió de que estos proyectos no son economía sostenible, ni ofrecen una recuperación duradera.
Rodríguez ha subrayado la gravedad del asunto informando de la carta redactada por Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, y el sindicato CC OO para expresar al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, su preocupación por el riesgo de desprotección ambiental y urbanística que suponen este tipo de medidas tomadas por Castilla y León, entre otras comunidades autónomas, durante la crisis de la Covid-19. “La gestión del Gobierno autonómico dista mucho de conservar y garantizar en Castilla y León la salud humana, la sanidad animal y la protección del medio ambiente a las generaciones venideras”, ha finalizado la parlamentaria.