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escrito por Pilar Díez

  • Acusa a la Junta de hacer caso omiso a las peticiones de las entidades locales responsables de gestionar las ayudas.  “Estamos de acuerdo en dar una solución a las familias, pero tiene que ser una ayuda rápida y eficaz, y solo hay un camino para lograr que así sea, y es el consenso”, señala Nuria Rubio.

 

La coordinadora del área de Familia, Nuria Rubio defendió hoy la posición del PSOE y la de alcaldes y alcaldesas socialistas de municipios de más de 20000 habitantes,  de la Diputación Provincial de León de los ayuntamientos de Zamora y de Ávila ante el Decreto de medidas de apoyo a personas y familias para la atención en el domicilio de menores, personas dependientes o con discapacidad que deban guardar confinamiento debido a la pandemia del Covid-19.

“Hablamos de un total de 10 de los 15 municipios de más 20.000 habitantes que hay en nuestra tierra, ayuntamientos que gobiernan para más de la mitad de la población de Castilla y León”,  destacó Rubio quien expuso en su intervención el documento firmado por los alcaldes y alcaldesas de Ávila, Burgos, León, Segovia. Soria, Valladolid, Zamora, Miranda de Ebro, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo y por el presidente de la Diputación de León, que “día a día pelean en sus municipios o al frente de la Diputación.”

El documento de los representantes municipales y provinciales recoge las reivindicaciones, quejas y aportaciones que ante el Decreto hicieron llegar a la consejera de Familia y “a las que la consejera usted hizo caso omiso sin darles la autoridad y el respeto que merecen.”

 Rubio expuso que al profundo malestar que tienen por el trato recibido, ya que se enteran por la prensa del establecimiento de ayudas que tienen que gestionar, se une la complicada ejecución a la que se enfrentan ya que no encaja en la normativa de la prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social.

En este sentido, recordó que son las administraciones locales las tienen que aprobar las convocatorias para conceder esas subvenciones y  “esto supone una carga extraordinaria a los CEAS, que se encuentran totalmente saturados, a lo que se suman los serios problemas para conseguir contratar profesionales, ya que la oferta no resulta atractiva por su escasa durabilidad”.

En cuanto a la financiación, la representante socialista expresó las serias dudas que platea un decreto que alude a los 20.000.000 de euros iniciales, “pero quedan en el aire los 3 millones anunciados a bombo y platillo en los medios de comunicación”.

“Además, y lo más importante, resaltó la representante socialista es que esta ayuda no va a llegar de manera efectiva a las familias, especialmente a las más vulnerables, de las que ustedes siempre se olvidan.”

Ante un Decreto que calificó de “maniobra política de la Junta de Castilla y León que para ponerse la medalla en materia de conciliación, eso sí eludiendo todo el trabajo, y que el fracaso de la misma recaiga exclusivamente en las entidades locales”, Rubio propuso a la Junta trabajar en igualdad con las entidades locales, reconsiderar la flexibilización de los plazos de ejecución y justificación del fondo extraordinario COVID19, revisar de manera conjunta el Decreto Ley de medidas de conciliación para garantizar que no supone un esfuerzo estéril por parte de los CEAS y que realmente llegue ayuda a las familias, especialmente a las más vulnerables e incorporar los 3 millones adicionales asociados al Decreto.

 

Valladolid 23 de septiembre de 2020

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