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  • El procurador Javier Campos recuerda a la Junta las más de 10.000 reclamaciones recogidas en poco más de un mes, que evidencian las graves deficiencias en la atención primaria de la provincia.
  • Exige al Gobierno autonómico mejorar su gestión para dejar de maltratar a las personas más vulnerables.

 

El Grupo Parlamentario Socialista ha puesto en relieve la falta de previsión e incompetencia por parte de la Junta de Castilla y León en cuanto a la sanidad ofrecida durante la época estiva en la provincia de León, una problemática que se hace extensible al resto de zonas rurales repartidas por la Comunidad.

El procurador socialista Javier Campos ha evidenciado algunos de los recortes llevados a cabo por el Partido Popular como la supresión de servicios, cambios en pruebas diagnósticas, ceses en operaciones y supresión de camas en los últimos años. “El descontrol de estas variables ha llevado a un deterioro de la sanidad evidente que pone en serio riesgo el sistema de salud, y con el agravante de la Covid 19”, ha declarado el parlamentario.

En este sentido, Campos ha afirmado que el Gobierno autonómico está usando la pandemia como excusa para meter a calzador el plan Aliste, poner a funcionar la medicina por teléfono y disminuir el personal y los servicios sanitarios, en contra del espíritu del pacto de reconstrucción firmado por Mañueco.

“El servicio prestado durante el verano ha sido pésimo, con infinidad de consultorios médicos por los que no ha pasado ni un sanitario, centros de salud sin médicos, un servicio de citas caótico y las urgencias sobrecargadas”, ha sentenciado Campos.

Además, el procurador berciano ha hecho especial hincapié en el descontento de los habitantes del medio rural de León, que en solo un mes han realizado más de 10.000 reclamaciones en el ámbito sanitario fruto del hastío y de la merma de servicios sanitarios y, quienes si no cambia la situación, empezarán a sufrir las consecuencias del frío al tener que esperar en la calle los turnos de sus citas médicas.

“¿Es pura incompetencia por dejar marchar a otras comunidades a los 6.000 profesionales que dicen que han contratado, o se trata de un plan para debilitar el sistema público de salud en beneficio del privado?”, ha preguntado el político socialista, exigiendo al Gobierno de Mañueco que mejore su gestión y deje de maltratar a los más vulnerables.

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