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·         Los procuradores socialistas Nuria Rubio, Diego Moreno y Javier Campos consideran que el Gobierno autonómico actuó de forma imprudente al proceder a la entrega del material a pesar de sospechar de su mal estado.

·         Exigen a la Consejería de Sanidad información sobre dónde se entregó el material en mal estado, así como la realización de test a todos los sanitarios que las han utilizado y los efectos sobre su salud.

La Junta de Castilla y León ha tenido que retirar 1.100.000 mascarillas defectuosas, de las cuales más de 20.000 han sido repartidas entre las diferentes gerencias de Sanidad de la comunidad autónoma.

El procurador y coordinador socialista de Sanidad, Diego Moreno, ha tachado de negligente e irresponsable esta actitud, ya que el Gobierno sospechó de su mal estado pero mantuvo el procedimiento y no las retiró ante la amenaza. “Ha habido una negligencia por parte de la Junta a la hora de garantizar la seguridad de los sanitarios. ¿Cómo se explica que el 24 de abril se sospeche de la falta de idoneidad de un lote de 20.000 mascarillas, que fueron distribuidas,  y aún así se haya permitido que se sigan utilizando durante tres semanas más?”, ha preguntado Moreno. “Pedimos explicaciones a la máxima responsable, a la consejera Verónica Casado, que hace gala de su preocupación por la salud de los sanitarios pero, sin embargo, aquí ha demostrado lo contrario. Incluso una vez que conoce que el lote es defectuoso, pasa una semana más hasta que son retiradas del mercado”, ha añadido.

Ante estos hechos, tal y como ya ha denunciado la viceportavoz del PSOE en las Cortes, Virginia Barcones, la procuradora socialista Nuria Rubio ha pedido a la Consejería de Sanidad más información en relación al material en mal estado retirado por parte del Gobierno autonómico, así como la realización de test a todos los sanitarios que las han utilizado.

“En el grupo parlamentario socialista estamos muy preocupados por esta circunstancia y por las posibles consecuencias que puede tener sobre nuestros sanitarios, y sobre todo aquel que haya usado estos equipos de protección individual”, ha asegurado la parlamentaria y secretaria de Organización del PSOE en León. “Tenemos que saber cómo se ha homologado este material y si se han hecho más compras a la misma empresa”, ha añadido Rubio.

Esta inquietud se ha extendido a lo largo de toda la provincia, por lo que desde El Bierzo el procurador Javier Campos  también exige conocer en qué entidades, administraciones y ayuntamientos se han repartido las mascarillas defectuosas.

“En las preguntas parlamentarias que presentamos nos interesamos por si se han entregado a diferentes colectivos y residencias de mayores. También  en qué cantidad para identificar a los posibles afectados, su coste y si se va a devolver el dinero del pago”, ha apuntado.

Para Javier Campos, la Junta debe asumir sus responsabilidades. “Desde el PSOE requerimos una valoración por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales respecto a cuáles podrían ser las consecuencias de los profesionales que han utilizado estas mascarillas, y los efectos que pudieran haber tenido en su salud, al quedar desprotegidos de las medidas de seguridad necesarias”, ha finalizado Campos, asegurando que el PSOE estudiará las respuestas para tomar las medidas necesarias.

(LA IMAGEN ES DE RECURSO)

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