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  • Yolanda Sacristán apoya la PNL de Podemos, que insta a la Junta a incorporar a todos los convenios con entidades locales un artículo que incluya recomendaciones a colaborar con el Procurador del Común.

 

La procuradora socialista Yolanda Sacristán ha fijado posición en la Comisión de Presidencia, celebrada este miércoles, apoyando la PNL de Podemos, que insta a la Junta a incorporar a todos los convenios con entidades locales un artículo que incluya recomendaciones a colaborar con el Procurador del Común.

“El Procurador del Común es el cauce de la escucha de la ciudadanía, aunque, otra realidad es el caso que se le hace. Los ciudadanos, a través de esta figura, tienen la posibilidad de acogerse en defensa de sus derechos y libertades en nuestra Comunidad”, ha recordado Sacristán, subrayando la importancia de una institución que a lo largo del ejercicio 2018 tramitó un total de 6.500 quejas, lo que supuso una apertura de 6.579 expedientes, en su mayoría reacciones de los ciudadanos.

El grupo parlamentario socialista entiende que la sociedad conoce la función del Procurador del Común, aunque no lo suficiente. “Son muchos años de andadura, muchos años en los que la Institución tiene presencia en la Comunidad y no solamente la conoce, sino que la utiliza. Por supuesto, la conocen más en unas provincias que en otras, lógicamente mucho más en León, porque allí tiene su sede, aunque también es cierto que el Procurador del Común se desplaza periódicamente a las provincias”.

Por otro lado, Sacristán ha argumentado que, en cuanto a sus competencias, habría que dotarla de una mayor fuerza vinculante que ahora mismo no tiene, con competencias realmente ejecutivas y no meramente informativas o de recomendación.

Durante su intervención, la política ha detallado las dificultades de relación con algunos ayuntamientos de Castilla y León, que no contestan a las peticiones de información de la Oficina del Procurador del Común, entes que no colaboran cuando se reciben las recomendaciones, y estructuras administrativas que simplemente ignoran las comunicaciones de arbitraje y mediación sobre las dificultades que la ciudadanía sufre en sus relaciones con cualquier administración.

“El 75% de las resoluciones del Procurador del Común son aceptadas, pero existe un 25% que no se acepta, y eso crea una situación de inseguridad que no se puede transmitir al ciudadano. En estos casos, se archiva el procedimiento y eso es inadmisible, tanto para las grandes como para las pequeñas administraciones públicas. Como resultado de su inacción, algunos ayuntamientos son incluidos en el registro de administraciones y entidades no colaboradoras, al que no se le suele dar mucha importancia, pero que supone una inscripción un tanto vergonzosa”, ha sentenciado Sacristán.

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