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  • Javier Campos ha pedido al consejero de Fomento de la Junta que tome nota, ya que es intolerable que los ciudadanos del medio rural no tengan el mismo acceso a los servicios de emergencias con una peligrosa falta de cobertura en las llamadas de auxilio

 

El procurador socialista por León, Javier Campos, ha formulado este martes en el pleno que han celebrado las Cortes autonómicas la pregunta oral “¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León sobre el papel que jugaron las infraestructuras en telecomunicaciones en la gestión del  incendio de Peñalba de Santiago el 23 de octubre?”.

 

El parlamentario berciano ha exigido la información acerca del papel de las infraestructuras en telecomunicaciones en el mundo rural tras el incendio que asoló el pasado 23 de octubre la localidad de Peñalba de Santiago. Un fuego que pudo afectar al patrimonio de este pueblo considerado como uno de los más bonitos de España, enmarcado en el Valle del Silencio y en la Tebaida berciana. “Sólo la suerte salvó el patrimonio y evitó que la localidad quedara reducida a cenizas”, ha expresado el procurador durante su intervención.

 

El fuego se originó hacia las 20.00 horas, pero los vecinos no pudieron avisar al 112 hasta las 20.21 horas por los problemas de telefonía que sufren desde hace meses.

 

El político socialista ha subrayado que las infraestructuras se encuentran obsoletas en Peñalba y en otros pueblos de montaña de la Comunidad, lo que conlleva un grave riesgo al no poder hacer una llamada de auxilio a Emergencias, un derecho que debe garantizarse a todos los ciudadanos.

Javier Campos ha pedido al consejero de Fomento de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones que tome nota, ya que es intolerable que los ciudadanos del medio rural no tengan el mismo acceso a los servicios de emergencias.

Ante la llamada de atención por parte de Campos, Suárez Quiñones reconoció que ese día hubo “dificultades” para contactar con el 1-1-2, señalando que la “responsabilidad” es de la empresa Telefónica, que se encarga del servicio universal “por cuenta” del Gobierno de España.

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